"Consideramos que la experiencia nos ha demostrado que una mayor gradación de las penas no inhibe la comisión de los injustos jurídicos. Las cárceles mexicanas están repletas de personas que cometieron en su mayoría delitos menores o no graves y que al no tener dinero, ya sea para pagar un abogado o para corromper a un policía, ministerio público o juez, están siendo privados de la libertad como medida preventiva en lo que se les dicta sentencia"

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en materia de justicia penal, mediante la cual se transita de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, con juicios orales y procedimientos simplificados, cuyas etapas de investigación y de acusación son más expeditas. Este nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral se fundamenta y establece en los artículos 18, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial; prescribiendo un plazo no mayor de ocho años a partir de la publicación del Decreto referido para que se establezca la legislación secundaria correspondiente tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Las reformas son de tal trascendencia que se redimensionan algunas figuras jurídico-penales que cambian radicalmente el paradigma del sistema penal mexicano; donde la presunción de inocencia, la justicia restaurativa y la utilización de medios alternativos de solución de controversias toman una nueva dimensión en el nuevo sistema procesal penal, acusatorio y oral, dejando atrás el viejo paradigma de la culpabilidad a priori, la desvaloración de la justicia para la víctima y la persecución oficiosa del injusto jurídico.

Recordemos que la génesis de la penalidad como acción punitiva del Estado; la teleología de la pena como un mecanismo de inhibición social de conductas consideradas injustas o contrarias al orden social y jurídico; así como, la proporción y gradación de las penas, fueron impuestas con la finalidad de infligir un castigo ejemplar a los ciudadanos que trastocaban el orden jurídico para que, en primer término, estos mismos trasgresores no volvieran a cometer el ilícito y, en segundo término, para que el resto de la sociedad se enterara de las penas que sufrirían aquellos que trasgredían la norma, esto es, tenía una doble intención; una particular o individual punitiva y otra colectiva coactiva.

Consideramos que la experiencia nos ha demostrado que una mayor gradación de las penas no inhibe la comisión de los injustos jurídicos. Las cárceles mexicanas están repletas de personas que cometieron en su mayoría delitos menores o no graves y que al no tener dinero, ya sea para pagar un abogado o para corromper a un policía, ministerio público o juez, están siendo privados de la libertad como medida preventiva en lo que se les dicta sentencia; sin embargo, las condiciones en las que están recluidos, los induce a aprender nuevas formas de delinquir; ya que por una parte las cárceles no cuentan con el espacio suficiente para una sana convivencia; y por otra, no se vincula a los presos a actividades que propicien la reinserción y readaptación social productiva.

Con la reforma en materia penal de junio de 2008 se pretende ya no seguir saturando las cárceles de personas que por delitos menores son sentenciados o privados de su libertad preventivamente con un alto costo para el Estado. En este sentido, a través de las diferentes figuras jurídicas de medios alternativos de solución de controversias se busca evitar que los asuntos de poca cuantía vayan a juicio y le cueste al Estado el procedimiento completo. Este año la Secretaría de Gobernación destinará más de 642 mil pesos para que todas las entidades federativas y el Distrito Federal aceleren la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual debe funcionar en todo el país en junio de 2016.

Por otra parte, mediante el “principio de oportunidad”, que establece el nuevo sistema penal, se otorga al ministerio público la posibilidad de no ejercer la acción penal tomando en consideración los elementos de prueba de los que se haya allegado en la investigación, la cual se supone que con la reforma será más profesional y contará con elementos científicos para evitar errores que por una parte imputen la responsabilidad penal a un inocente; o que por la otra, no pueda ser procesado y sentenciado un culpable.

De la misma manera, se supone que la policía contará con elementos mejor preparados y participativos en el proceso jurisdiccional; ya que hasta la fecha su participación se limitaba únicamente a la consignación de los presuntos culpables de un hecho delictivo, sin que tuviera participación en el procedimiento a través de testimoniales y confesionales desahogadas en audiencia pública como se pretende llevar a cabo en el nuevo sistema penal; sin embargo, es imperativa primeramente la depuración de los cuerpos policiacos para evitar en la mayor medida posible los actos de corrupción que inhiban la ejecución del procedimiento de investigación penal desde sus inicios.

Consideramos que como parte de la reforma, debió reformarse también el sistema penitenciario en México para que éste no sea una carga para la sociedad y represente realmente un medio de readaptación y reinserción a la social de todos aquellos que por causas diversas trasgredieron el orden jurídico en contra ya sea de uno o varios particulares o de la sociedad en su conjunto. Es importante mencionar que actualmente le cuesta mucho dinero público al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto, tanto los procedimientos penales tradicionales (sistema inquisitivo) desde las agencias del ministerio público, como los procedimientos penales en juzgados, tribunales y reclusorios. Ya ni se diga de los centros de readaptación social. De ahí la importancia de la revaloración y redimensionamiento de la justicia alternativa y el resarcimiento del daño en el nuevo sistema de justicia penal. Insistimos en una reforma al sistema de reclusión preventiva y penitenciaria, en donde los gastos que se generen sean cubiertos mayormente por los mismos reclusos a manera de ser autosustentables y verdaderamente centros de readaptación social.

Seamos honestos; la reforma aunque tienen muchas bondades en el papel, se ve opacada por la realidad que vive nuestro país. Se dice que una buena idea sumergida en las aguas de la realidad, se distorsiona. Por el bien de México, ojalá que este no sea el caso y el nuevo sistema de justicia penal traiga en su ejecución una mejor procuración de justicia y erradique la desconfianza que tiene el ciudadano en esas instituciones.