COSA PÚBLICA “Estado de Derecho y Federalismo”

COSA PÚBLICA “Estado de Derecho y Federalismo”

Sin embargo, el federalismo mexicano ha propiciado espacios de abusos e impunidad que no benefician ni el desarrollo, ni desarrollan la propia vocación política y económica de una región, son que obedecen a intereses centralizados por una parte o a cacicazgos regionales al margen del interés nacional y regional.

¿Actualmente, opera el Estado de Derecho de acuerdo a la actuación del sistema federal en México? Para estar en posibilidad de responder a este cuestionamiento, primeramente, debemos poner en contexto los conceptos de Estado de Derecho y Federalismo, para lo cual haremos algunas precisiones al respecto para luego responder puntualmente al cuestionamiento detonante de este artículo de opinión y análisis.

Hablar de Estado de Derecho es hablar del principio de legalidad respetado tanto por los gobernados como por los gobernantes, pero más precisamente, e hablar del respeto y apego del Estado mexicano en su conjunto a las diferentes disposiciones jurídicas que les impone el orden jurídico nacional, así lo planteaba el expresidente de México de 1982-1988 Miguel De la Madrid Hurtado en su obra “Algunas reflexiones sobre el Estado de Derecho en México”, al afirmar que “la doctrina demo liberal del Estado de Derecho se manifestó en la exigencia de supeditar el ejercicio del poder público a un marco legal que fijará la estructura y las atribuciones de los órganos del Estado, los cuales sólo podrían actuar con base en facultades expresamente conferidas por el orden legal…”.

Por otra parte, tratándose del federalismo existe un dicho popular que afirma que, para conocer la historia de México, primero hay que conocer la historia de Estado Unidos de Norte América. En este sentido Paul Johnson en su obra “Estado Unidos, la historia”, menciona que “La idea moderna del sistema federal ha sido determinada por los Estados Unidos de América”. Sin embargo, el jurisconsulto y especialista en materia constitucional Felipe Tena afirma en su obra “Derecho constitucional” que, “la unificación de las colonias (en Norteamérica) no era una finalidad en sí, sino un medio de desunirse de Inglaterra” y lograr su verdadera independencia y autodeterminación.

Lo anterior, viene a colación toda vez que el sistema federal en Estados Unidos de Norteamérica y el sistema federal mexicano tienen génesis diferentes; ya que mientras que el federalismo en Estados Unidos de Norteamérica centralizó poderes antes dispersos, en México los Estados eran originalmente unificados; por lo que el sistema federal llega a ser, por lo tanto, una mera técnica constitucional; cuya conveniencia y eficacia depende de cada país conforme a sus necesidades. Bajo la óptica de la génesis del federalismo en Estados Unidos de Norteamérica, federalismo es igual a alianza, mientras que, en México el federalismo significa unificación de aspectos culturales de una gran masa de individuos geográficamente separados, pero con rasgos culturales bien definidos como la subordinación a la Corona Española, la lengua, la religión y las tradiciones.

El gran problema del federalismo mexicano, además de no haber podido, hasta la fecha, tener un sistema de recaudación y distribución de la riqueza justo y equitativo; es la falta del apego al Estado de derecho de los diferentes estados federados y del propio Estado mexicano, así como, de las instituciones estatales y gubernativas tanto en el orden federal como en el ámbito estatal o regional.

Con el federalismo se afirma que, “se incentiva el desarrollo regional en un espacio de autonomía regional, donde las vocaciones políticas y económicas se acomodan de acuerdo a las propias necesidades regionales y con ello se da flexibilidad a todo el sistema nacional”. Sin embargo, el federalismo mexicano ha propiciado espacios de abusos e impunidad que no benefician ni el desarrollo, ni desarrollan la propia vocación política y económica de una región, son que obedecen a intereses centralizados por una parte o a cacicazgos regionales al margen del interés nacional y regional.

El federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central, que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-político, traducido -entre otras cosas- en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas. Según Manuel García Pelayo, citado por Miguel Carbonell, el concepto general de federalismo responde, entre otras, a tres grandes necesidades, a decir; la de organizar política y racionalmente grandes espacios geográficos, incorporando relaciones de paridad entre sus distintas unidades, y suprimiendo las relaciones de subordinación empleadas en los imperios y colonias de los siglos pasados; a la de integrar unidades relativamente autónomas en una entidad superior, salvaguardando sus peculiaridades culturales propias, y; a la necesidad de dividir el poder para salvaguardar la libertad. Tal como sucede con la división del ejercicio de los poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también se puede hacer una división “territorial” del poder, que se implementa, como aquí se trata de explicar, a través de una partición funcional y competencial, que diferencia los ámbitos posibles de actuación de cada nivel de gobierno.

Sin embargo, hoy en día el federalismo mexicano se constriñe, por una parte, al ejercicio del poder soberano otorgado al Presidente de la República, quien sigue siendo el “Tlatoani” que todo lo puede, sin contrapesos reales al interior de las cámaras, principalmente la de senadores, que es la que ostenta la representación de los estados federados. Y, por otra parte, el federalismo hoy día permite los abusos y excesos de los gobernadores, quienes inveteradamente se convirtieron en “virreyes” de facto, cómplices del gobierno federal o abusivos monarcas estatales a quienes el Estado de Derecho no les importa; sino la riqueza y el poder sexenal y transexenal.

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