Estado para enfrentar las graves afectaciones que sufre la mayoría de la población, incluyendo el acceso a medios de subsistencia esenciales como los alimentos, las medicinas, y todo producto de primera necesidad están generando una crisis sin precedentes en todo el continente,” dijo Erika Guevara Rosas.

A lo anterior se suma la creación e implementación de mecanismos e instancias del estado para llevar a cabo acciones de represión violenta contra la población. Así, el desarrollo de instancias destinadas exclusivamente a la persecución de manifestantes y presuntos disidentes, tal como la creación del “Comando Antiterrorista” y el aumento en la cantidad de armas e integrantes de la milicia bolivariana, parecen señalar una preparación calculada para la implementación de una política de represión violenta.

Discursos incitando a la violencia
Tanto el uso ilegítimo de la fuerza en todas sus dimensiones, como la implementación de mecanismos de persecución en contra de la población, se enmarcan en un discurso de incitación a la violencia que ha sido promovido y utilizado por el gobierno venezolano para legitimar la violencia como respuesta estándar a cualquier forma de disidencia. En especial, llamados de altos funcionarios a hacer uso de la fuerza, incluido el propio Presidente Nicolás Maduro, han sido dirigidos tanto a las fuerzas de seguridad del estado como a los grupos civiles afectos al gobierno, identificando a la disidencia como terroristas, enemigos y traidores a la patria.

Por lo tanto, estos tres elementos — el uso ilegítimo de la fuerza en contra de la población de forma recurrente, la creación de mecanismos dedicados a la represión violenta, y el discurso reiterado de incitación a la violencia por parte del gobierno — indican una política premeditada para neutralizar de forma violenta cualquier disidencia contra las acciones del gobierno.

“Venezuela atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en su historia reciente. La escalada de violencia patrocinada por el gobierno, y las falta de propuestas de solución viable por parte del Estado para enfrentar las graves afectaciones que sufre la mayoría de la población, incluyendo el acceso a medios de subsistencia esenciales como los alimentos, las medicinas, y todo producto de primera necesidad están generando una crisis sin precedentes en todo el continente,” dijo Erika Guevara Rosas.
“Es fundamental que el gobierno atienda de manera prioritaria esta dramática situación que enfrentan diariamente miles de personas en el país, en lugar de instaurar un régimen de represión y violencia.”

Las autoridades que han promovido estos mecanismos y estrategias de represión violenta tienen que detener de inmediato su implementación, en especial ante la creciente conflictividad social de cara a las elecciones a la Asamblea Constituyente, convocadas para el 30 de julio de 2017.

Ante esto, la justicia penal internacional — tanto la Corte Penal Internacional, como aquellos países que cuentan con jurisdicción universal – estarán observando de cerca la situación venezolana. Si los altos mandos gubernamentales, militares, y policiales no eliminan los mecanismos que apuntan a una política estatal de violencia en contra de la población, y no ponen fin a la promoción de la violencia en sus discursos y sus órdenes oficiales, podrán ser llevados ante la justicia penal internacional.